Como informa «Libertad Digital» al negarse a recurrir la sentencia hecha pública el pasado 21 de junio por la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, que absolvía al ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos y a otros nueve acusados, varios de ellos vinculados al PSOE, por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, la Fiscalía de Sevilla ha desencadenado un ataque general a la juez Alaya hacia la que se desvía toda la responsabilidad del caso.
De hecho, Rodrigo Torrijos ya ha anticipado que está estudiando una querella formal contra la juez Alaya a la que acusa implícitamente de estar en connivencia con el PP y con el hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido y de una instrucción «inquisitiva», a pesar de que en la propia sentencia se reconoce la buena fe y la imparcialidad de la instructora. Torrijos, curiosamente, no ha dirigido sus acusaciones ni contra la Fiscalía ni contra la Guardia Civil, piezas claves en la instrucción del proceso y su larga duración.

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